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Orden de detención europea

La orden de detención europea (ODE) sustituye los dilatados procedimientos de extradición entre Estados miembros de la UE por un procedimiento judicial simplificado de entrega a efectos de enjuiciamiento o de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad. Las órdenes de detención europeas emitidas por las autoridades judiciales de cualquier Estado miembro son válidas en todo el territorio de la Unión Europea.

¿Qué es una orden de detención europea?

La orden de detención europea es una solicitud, formulada por una autoridad judicial de uno de los Estados miembros de la UE, para que se detenga a una persona en otro Estado miembro y esta sea entregada al Estado miembro solicitante con el fin de emprender una acción penal o de ejecutar una pena o una medida de seguridad privativa de libertad. Este mecanismo se basa en el principio del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y en el contacto directo entre autoridades judiciales.

La ODE garantiza un equilibrio adecuado entre la necesidad de eficacia y la exigencia de estricto respeto de los derechos fundamentales de que goza el detenido. Los Estados miembros y los órganos jurisdiccionales nacionales deben respetar los derechos procesales de los sospechosos o acusados y las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Toda persona detenida al amparo de una ODE tiene derecho a contar con la asistencia de un abogado y, en caso necesario, de un intérprete, de conformidad con el Derecho interno del Estado en el que ha sido detenida.

La ODE se basa en un acuerdo entre los Estados miembros de la UE, denominado Decisión marco relativa a la orden de detención europea.

Los Estados miembros han elaborado unas directrices sobre el funcionamiento del sistema de la ODE recogidas en el «Manual europeo para la cumplimentación del formulario de la orden de detención europea».

¿Qué novedades introduce la ODE con respecto a los procedimientos de extradición tradicionales?

La orden de detención europea introduce seis novedades con respecto al procedimiento tradicional de extradición:

  1. Plazos estrictos: El país en que la persona ha sido detenida debe entregarla al Estado en el que se ha expedido la ODE, en un plazo máximo de 90 días a partir de la fecha de detención. Si el interesado consiente en ser entregado, la decisión se tomará en un plazo de diez días.
  1. Procedimientos más sencillos: Para 32 categorías de delitos graves, queda suprimido el principio de doble tipificación, lo que significa que no procede controlar si los hechos por los cuales se pide la entrega constituyen un delito penal a la vez en el Estado solicitante y en el país de detención de la persona buscada. Respecto de las mencionadas categorías, cuando el delito es suficientemente grave y está castigado con pena de prisión de al menos tres años en el Estado miembro que ha emitido la orden de detención europea, ésta ha de ejecutarse con independencia de que la definición del delito sea o no idéntica en ambos Estados.
  2. Exclusión de las autoridades políticas: Con la ODE queda suprimida la fase política del procedimiento de extradición. Esto significa que la decisión de entregar o no a una persona al amparo de una ODE es un proceso de carácter exclusivamente judicial.
  3. Entrega de nacionales: Por principio, los países de la UE no pueden ya denegar la entrega de sus propios nacionales, a no ser que se hagan cargo de la actuación judicial o de la ejecución de la pena de prisión contra el interesado. La ODE se basa en el principio de que los ciudadanos de la UE son responsables de sus actos ante los órganos jurisdiccionales de toda la Unión Europea.
  4. Garantías: La entrega de una persona puede supeditarse a la condición de que el Estado emisor de la orden dé tres tipos de garantías:
    a. Si la ODE se basa en una sentencia dictada en ausencia del interesado, la entrega puede supeditarse a la condición de que éste tenga derecho a solicitar un nuevo juicio en el país que solicita la entrega.
    b. Si la ODE al amparo de la cual la persona ha sido detenida se ha emitido por un delito que pueda llevar aparejada una condena a perpetuidad, la entrega puede supeditarse a la condición de que se reconozca al interesado el derecho a pedir una revisión de la pena impuesta al término de un periodo determinado.
    c. Si la solicitud se refiere al enjuiciamiento de un nacional o residente habitual del Estado de detención, la entrega puede supeditarse a la condición de que la persona sea devuelta a dicho Estado para cumplir en él la pena privativa de libertad que pueda pronunciarse en su contra.
  5. Motivos de denegación: Están previstos tres motivos obligatorios de denegación de la entrega del detenido y siete motivos optativos. Los motivos de denegación obligatoria son el principio ne bis in idem (la entrega no puede realizarse i la persona ya ha cumplido una pena por el mismo delito), la minoría de edad (no puede entregarse a una persona que no haya cumplido la edad de responsabilidad penal en el país de detención) y la amnistía (la persona no puede ser entregada si el Estado en el que fue detenida tenía competencia para perseguir el delito y se ha decretado en él una amnistía). La aplicación de los motivos optativos de denegación queda, en principio, a discreción de las autoridades judiciales: por ejemplo, puede denegarse la entrega si una parte de los hechos por los que se ha emitido la ODE se cometieron en el Estado en el que la persona ha sido detenida y éste va a incoar la acción penal.

Datos estadísticos

La ODE se aplica en los 28 Estados miembros, y las evaluaciones realizadas muestran que este instrumento está funcionando bien. No todos los Estados miembros han facilitado los datos, pero las cifras (redondeadas) del cuadro siguiente indican la amplitud de la utilización de la ODE:



2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ODE emitidas

6 900

6 750

11 000

14 200

15 800

13 900

9 800

10 450

13 100

Personas localizadas y/o detenidas

1 770

2 040

4 200

4 500

6 150

6 460

6 490

5 840

7 850

Personas entregadas

1 530

1 890

3 400

3 630

5 580

5 370

5 230

4 480

3 460

En la mayoría de los Estados miembros, la entrega se efectúa en un plazo de 14-16 días si el detenido ha dado su consentimiento para ello, y de dos meses en caso contrario. Cerca del 50 % de las entregas tiene lugar con el consentimiento del interesado.

Última actualización: 22/07/2015

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